Mentira e impunidad

  Por Daniel ButruilleEs patética la situación de la infame Torre Administrativa.

Muestra al mismo tiempo una acumulación de mentiras por parte de la Administración estatal pasada, incompetencia sin límites de parte de quienes están encargados del proyecto (¿quiénes son?), y una impunidad escandalosa, ya que después de dos años de retraso y cientos de millones de pesos con cargo a los ciudadanos del Estado, no se ha señalado todavía a ni un responsable, ni una sanción administrativa, mostrando así que los dos gobiernos recientes del Estado son cómplices sin excusas de un despilfarro monumental que tendremos que pagar durante varias generaciones.

Resulta que mucho de lo declarado por la Administración estatal anterior era mentira, verdades a medias, engaños a una ciudadanía a la cual sólo se le afirmaba que este monumento a la vanidad no iba a causar erogaciones del erario, que el contratista aportaba todos los recursos necesarios y que los iba a recuperar mediante pagos mensuales escalonados a 20 años.

Milagrosamente, el monto de estos pagos representaba el equivalente de las rentas mensuales desembolsadas por la Administración en cientos de oficinas y edificios que por arte de magia se iban a desocupar, así que gracias a la genialidad de la operación, después de 20 años el Estado iba a ser dueño de un patrimonio que sería la envidia de las generaciones futuras. Además, ¡oh coincidencia tan afortunada!, el inmueble sería entregado justo a la terminación del sexenio, como un evidente favor a la nueva Administración que sólo tendría que mudarse a las nuevas paredes.

Llega el cambio de Administración, termina el primer acto de la tragedia: el edificio no está terminado. Se retrasará su entrega “unos cuantos” meses.

De la mentira pasamos a la incompetencia. En la Administración actual, ¿quién conoce los términos de la contratación de la obra? ¡Hasta el Gobernador reconoce que “creía” que se trataba de un proyecto “llave en mano”!

Ahora resulta que nadie le ha señalado que se acabó el contrato con el constructor. ¡Ya está cobrando y el cascarón está vacío e inservible! ¡Sorpresa! Sólo estaba contratada la obra negra.

¿Incompetencia o ingenuidad fingida? ¿De dónde salieron los 200 millones de pesos para acondicionar el Pabellón Ciudadano inaugurado en septiembre? ¿De dónde saldrán los varios cientos de millones de pesos que requiere (más lo que se acumule en los próximos meses) para acondicionar su interior? ¡Que se las arregle el Tesorero! Que incorpore estos despilfarros en la austeridad que acaba de decretar para permitir el pago de la deuda astronómica heredada de la Administración anterior (¿también?).

¿Dónde está la congruencia? ¿En qué manos tan incompetentes estamos abandonados? Más vale tener el cinturón bien abrochado para aguantar los sobresaltos que van a ser espectaculares. De Estado modelo en eficiencia, Nuevo León pasa a ser modelo en ineptitud.

Todavía no termina el segundo acto. Faltan muchos meses y muchos millones de pesos para que termine la tragedia. Pero ¿podríamos pensar en un tercer acto? El castigo de los autores de la mentira y de los ingenuos actores que todavía están en el escenario. Es lo que espera la ciudadanía. La rendición de cuentas. Práctica desconocida en el ámbito político estatal, como lo demuestra de sobra el no fincamiento de responsabilidades por la deuda criminal del Estado, la absolución a Madero, la farsa de la justicia en el caso del ex Alcalde de Santa Catarina Dionisio Herrera.

Mientras las estructuras políticas y ciudadanas del Estado no tengan la capacidad de exigir y aplicar una verdadera rendición de cuentas y de castigar a los irresponsables que nos gobiernan, Nuevo León no podrá ser un verdadero Estado democrático y seguiremos sufriendo y aguantando los malos servidores públicos.

Urge desarrollar una verdadera cultura de la legalidad y de la responsabilidad. Todos estamos involucrados por nuestra actitud, nuestro silencio y nuestra pasividad.

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