Candidaturas Independientes

El Norte-Opinión Invitada 
4 Jun. 11

Daniel Butruille

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 35 la prerrogativa de los ciudadanos de “poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley”.

Sin embargo, los tres poderes de la Nación traicionaron a los ciudadanos al acordar impedir las candidaturas ciudadanas, disfrazando esta violación de la Constitución de tal forma que allá afuera no se dieran cuenta.

Fue un secuestro ejecutado por todas las autoridades políticas. El control absoluto del País en manos de los partidos políticos. ¿Partidocracia como sistema de gobierno? Veamos cómo:

La reforma electoral adoptada a finales de 2007 por el Congreso de la Unión, firmada por el Presidente y apoyada en múltiples controversias por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificó los artículos 218, fracción 1, del Cofipe, como ley reglamentaria del Artículo 41 de nuestra Constitución federal, y 116, fracción IV, inciso e) de nuestra Carta Magna, la cual otorga a los partidos políticos el “derecho exclusivo” de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular; excepción hecha para el caso de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Haber entregado este “derecho exclusivo” a los partidos, acompañado de miles de millones de pesos como financiamiento público anual, ha incentivado un sistema basado en la partidocracia.

Cabe señalar que México, como Estado miembro de la OEA, ha ignorado las resoluciones internacionales, que lo conminan a reformar su orden constitucional y legal para cumplir con los tratados internacionales existentes en materia de derechos humanos y que son ley vigente.

Hace algunas semanas, el Senado de la República, bajo el impulso del senador priista Manlio Fabio Beltrones, aprobó una reforma política en 10 puntos dentro de los cuales está la restauración de las candidaturas independientes.

Sin embargo, todo parece indicar que es una nueva burla a los ciudadanos, ya que para ser habilitada para las elecciones federales de 2012 falta que los colegas priistas del senador Beltrones, y especialmente los comandados por el Gobernador Enrique Peña Nieto, se dignen en aprobarla mediante convocatoria de una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.

El propio senador del PAN Santiago Creel, después de aprobar la ley en el Senado, expresó que la ley era “‘un engaño’, porque no podrá aplicar en el 2012 mientras no se apruebe por la Cámara de Diputados y los legisladores no emitan las leyes reglamentarias a esa reforma constitucional”.

Dijo: “Lo que estamos ofreciendo es una burla a la ciudadanía. Si hay candidaturas independientes, que existan éstas para el año 2012, para que no nos estemos burlando de la gente diciendo que va a haber y luego que siempre no, que van a ser hasta el 2015”.

Confirmando lo anterior, este miércoles EL NORTE publicaba: “Dejan morir reforma política”, alegando el Diputado perredista Rosendo Marín que si en el Senado detienen los proyectos de la Cámara baja, ¡ellos actuarán de la misma forma!

Violación disfrazada, pero descarada de la Constitución, avalada por toda la clase política, farsas de reformas que se aprueban a sabiendas de su inoperatividad. ¿Hasta cuándo la sociedad civil aceptará ser manipulada de manera grosera por la clase política?

Urge reaccionar y entender que los ciudadanos somos los mandantes y que la clase política son los mandatarios y que como tales deben rendir cuentas a nosotros.

Las organizaciones civiles que dedicaron tiempo, recursos y esfuerzo en promover estas reformas para devolver la voz del ciudadano merecen mejor resultado que las burlas del Congreso.

La democracia implica participación y sin ésta no hay derecho a reclamar los abusos de la clase política en todos sus niveles.

Cada ciudadano debe ejercer su derecho de hacer saber a sus representantes, locales y federales, su descontento por la burla hábilmente montada por los senadores y diputados, y obligarlos a trabajar a marcha forzada para que la reforma propuesta no sea una apariencia de un buen intento, sino una realidad democrática y una victoria de la expresión firme de la voluntad popular.

El autor es doctor por la Universidad Laval en Quebec y consultor de empresas.daniel.butruille@bddconsulting.com.mx

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